El considerando I nace a partir del artículo 27 inciso tercero del cual se desprende lo siguiente:

Esta disposición determina la función de la pena privativa de libertad en el marco del régimen constitucional: en primer lugar, la readaptación del delincuente, a través de medidas que incluyan la educación y la formación de hábitos de trabajo, y en segundo lugar, la prevención de los delitos (…).

La pena en nuestro marco constitucional ejerce una función de carácter principalmente utilitario, pues busca en primer lugar la resocialización del delincuente. Tal es el fin determinante al servicio del cual se ubica la pena, entendida la resocialización (…) no como sustitución coactiva de los valores del sujeto, no como manipulación de su personalidad, sino como un intento de ampliar las posibilidades de la participación en la vida social, una oferta de alternativas al comportamiento criminal”.[1]

Así mismo, la Convención Americana sobre Derechos Humanos “Pacto de San José”, Artículo 5. Párrafo 6 establece: Las penas privativas de la libertad tendrán como, finalidad esencial la reforma y la readaptación social de los condenados.

La jurisprudencia interamericana ha sentado precedente al enfatizar:

En efecto, cuando se trata de personas que sufren condena, las condiciones de privación de libertad deben propender a la “finalidad esencial” de las penas privativas de la libertad que es “la reforma y la readaptación social de los condenados”.[2]

Las sanciones penales son una expresión de la potestad punitiva del Estado e “implican menoscabo, privación o alteración de los derechos de las personas, como consecuencia de una conducta ilícita”.[3] Sin embargo, las lesiones, sufrimientos, daños a la salud o perjuicios sufridos por una persona mientras se encuentra privada de libertad pueden llegar a constituir una forma de pena cruel cuando, debido a las condiciones de encierro, exista un deterioro de la integridad física, psíquica y moral, que está estrictamente prohibido por el inciso 2 del artículo 5 de la Convención. Las situaciones descritas son contrarias a la “finalidad esencial” de las penas privativas de la libertad, como establece el inciso 6 del citado artículo, es decir, “la reforma y la readaptación social de los condenados”. Las autoridades judiciales deben tomar en consideración estas circunstancias al momento de aplicar o evaluar las penas establecidas.[4]

El objeto de la ley es: corregir a los delincuentes, educarlos, formarles hábitos de trabajo, readaptarlos y prevenir el cometimiento de delitos; establecer mecanismos de rehabilitación y de reinserción; así como de prevención para personas en riesgo. La finalidad es: la rehabilitación, reinserción social y la prevención de los delitos. Se observa la voluntad del estado de brindar una mano amiga a los sectores vulnerables de la delincuencia, pues la coerción policial o el poder punitivo del estado no han sido la respuesta para mermar el actuar delincuencial, que se nutre de los más pobres, es decir, de los jóvenes que no tienen acceso a la educación, a una vivienda digna, a la salud, a un empleo que supla sus necesidades básicas. El Estado debe implementar programas sociales reales que contribuyan a la unidad del pueblo salvadoreño, pues de nada servirá que se eduque y reforme a los delincuentes, si la sociedad no estará preparada para aceptar a las personas que cometieron delitos a la vida nacional, como por ejemplo: en el trabajo, en la universidad o escuela. Por lo cual es de suma importancia que se desarrollen programas sociales y políticas públicas que tengan como objetivo reformar y educar al delincuente y entablar un diálogo para la cohesión social.

El considerando II está en sintonía con el Art. 10 de la Ley de Proscripción de Maras, Pandillas, Agrupaciones, Asociaciones y Organizaciones de Naturaleza Criminal, el cual prescribe lo siguiente:

Art. 10.- Una normativa especial establecerá las condiciones de retiro o deserción y rehabilitación de los miembros de las agrupaciones, asociaciones y organizaciones criminales de las que trata la presente Ley.

De lo anterior se desprende una complementariedad o articulación, es decir, una relación entre normas en virtud de la cual una disposición remite o reenvía a otra para completar determinados aspectos de su regulación, sin que se excluya la aplicación de la norma remitente. Se da cuando las distintas normas, conservando cada una su rango y naturaleza, aparecen engranadas entre sí como piezas del mismo mecanismo normativo.[5] La ley es estudio se perfecciona con la ley de proscripción en el sentido de darle oportunidad a las personas que se encuentran en riesgo o que desean un cambio real de sus vidas y de esta forma evitar el cometimiento de nuevos delitos brindando oportunidades de empleo y educación a las personas más vulnerables del asedio de las pandillas o maras.

El considerando III explica la importancia de la rehabilitación y reinserción como bases para la reintegración dentro de la comunidad, y así reducir la reincidencia.

Administrar el retorno de los prisioneros a la comunidad es prevenir la reincidencia y contribuir a la seguridad pública. Las intervenciones para apoyar la integración social de delincuentes no necesariamente requiere la privación de su libertad. Por el contrario, muchas de estas intervenciones pueden hacerse más eficazmente en la comunidad en vez de hacerse en una institución. De hecho, el encarcelamiento puede con frecuencia obstaculizar seriamente la reintegración social de un delincuente. Cuando los delincuentes deben ir a prisión para proteger a la sociedad, el período de prisión debe ser utilizado constructivamente para asegurar, en todo lo que sea posible, que al retornar a la comunidad ellos no solo querrán sino que también serán capaces de vivir respetando la ley. A esa altura, se les puede ofrecer apoyo adicional para ayudarles a efectuar esa difícil transición y asegurar que la comunidad quiere y puede recibirles.[6]

La realidad salvadoreña es muy compleja para el ciudadano promedio y más aún para la población que ha tenido problemas con la ley que se traduce en la marginación de la sociedad para este sector de la población, es decir, ambiente familiar, círculo de amistades, el mundo profesional y laboral, etc. y esto agrava su situación económica-social, factor que agrava su vulnerabilidad para delinquir como respuesta a sus necesidades económicas. Se necesitan políticas públicas y programas sociales que ataquen el problema de la delincuencia a fondo, no medidas superficiales como la represión policial que lo único que genera es agravar la situación de las comunidades vulnerables. Esta ley debería estar orientada para trabajar en conjunto con las comunidades vulnerables y comunidades en riesgo desde diferentes enfoques pues de lo contrario se estaría aplicando la misma fórmula para diferente resultado. De lo contrario se corre el riesgo que las mismas comunidades donde pertenecen las personas que delinquieron les cierren las puertas a la reinserción, conllevando a estas personas a re-delinquir.

La psicología juega un papel fundamental en la rehabilitación y reinserción del delincuente tanto para las personas que han cometido delitos como para las personas que componen el entorno social del delincuente en rehabilitación. Para que la reinserción sea un éxito debe haber una coordinación de todas las instituciones de la vida social de un país, no debe reducirse al sistema judicial, las ONG’s, instituciones educativas, y en especial la familia y la comunidad circuncidante juegan un papel fundamental en la reinserción de las personas que han delinquido.

Deben existir programas para niños y jóvenes vulnerables que pueden delinquir o caer en la reincidencia pues su formación aún está en proceso. Muchos niños y jóvenes enfrentan situaciones de exclusión familiar y social que pueden obstaculizar su integración a la sociedad y ser blanco fácil de la delincuencia.

El objetivo primordial de los programas de reintegración social es proporcionar a los delincuentes la asistencia y la supervisión que necesitan para aprender a vivir sin cometer delitos y evitar recaer en la delincuencia. Su propósito es ayudar a los delincuentes a desistir del delito y a reintegrarse exitosamente dentro de la comunidad.[7]

La Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (ONUDD) indica dos categorías principales de programas de reintegración social: (a) programas e intervenciones ofrecidos en el medio institucional mismo, con anterioridad a la puesta en libertad de los delincuentes, para ayudarles a resolver problemas, tratar con los factores de riesgo asociados con su conducta delictiva y adquirir la destreza necesaria para vivir una vida respetuosa de la ley y autosuficiente, como así también prepararles para su liberación y reinserción dentro de la sociedad; y (b) programas de base comunitaria, que a veces son parte de un esquema de libertad condicional, para facilitar la reintegración social de los delincuentes después de ser puestos en libertad. Muchos de los programas que pertenecen a la segunda categoría descansan sobre la provisión de alguna forma de supervisión comunitaria, como así también en diversas formas de apoyo y asistencia a los delincuentes y algunas veces también a su familia.

En algunos países, estos programas son conocidos como “programa de reasentamiento de delincuentes”. La Asociación de Funcionarios a Cargo de la Libertad condicional del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte ha adoptado la siguiente definición de “programa de reasentamiento”: “Un proceso sistemático basado en pruebas, por el cual se actúa para trabajar con el delincuente, sea como prisionero o ya en libertad, de modo que las comunidades queden mejor protegidas del daño y se reduzca significantemente la re-delincuencia. Incluye la totalidad del trabajo con los prisioneros, sus familias y convivientes, en asociación con organizaciones reglamentarias y voluntarias.”[8]

El inciso IV menciona el contenido de una adecuada política de prevención social de la delincuencia.

La política de prevención del delito debe estar vinculada a la realidad de cada comunidad y determinar prioridades, fortalezas y debilidades. Se debe combatir de raíz el problema de la delincuencia de lo contrario se expone a los delincuentes en rehabilitación a volver a delinquir, factores como la pobreza, desempleo, desintegración familiar son causales de vulnerabilidad para cometer ilícitos penales. La individualización de los casos puede permitir abordar de manera más integral la readaptación de los delincuentes (sujetos que consumen drogas, sujetos que provienen de hogares desintegrados, etc.). La cooperación Estado-Comunidad, Estado-Familia es fundamental para el éxito de la readaptación del ex-delincuente y así maximizar los recursos para ayudarlo y vigilarlo. El éxito de la readaptación también depende de la participación del delincuente debe ser una triada (Estado-Sociedad-Delincuente) de lo contrario se corre el riego que todo quede en trabajo administrativo. La diferencia de género es importante y por lo tanto, al desarrollar intervenciones de reintegración es importante tratar con las necesidades y circunstancias específicas de las mujeres.[9] La integración de los niños que han caído en la delincuencia debe sujetarse a factores de desarrollo (psicológico, deportivo etc.) y educación.

La individualización de las comunidades para la construcción de las políticas de seguridad pública conllevan al éxito, permitir que las comunidades participen en la planificación y ejecución, fomenta el sentido de pertenencia comunitaria. Esto contribuye a que las comunidades trabajen con sectores específicos de delincuentes con problemas específicos.

El inciso V enfatiza en la necesidad de crear un marco institucional de carácter especial para establecer los principios, lineamientos, atribuciones y procedimientos legales y legítimos para la comunidad en general, que comprendan mecanismos para la coordinación estatal en materia de prevención, rehabilitación y reinserción, así como los beneficios destinados a atender a los individuos, las familias y comunidades en riesgo.

Se debe armonizar el marco legal con la ley en estudio para que los programas de rehabilitación y reintegración sean un éxito.

La legislación debe distinguir a los sentenciados a prisión según el tiempo por el cual han sido condenados y de esa manera implementar programas de reintegración de acuerdo a sus necesidades.

[1] Sentencia de 14-II-97, Inc. 15-96, Considerando IX 3.

[2] Corte IDH. Caso Vélez Loor Vs. Panamá. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de noviembre de 2010. Serie C No. 218, Párrafo 208

[3] Cfr. Caso Baena Ricardo y otros. Sentencia de 2 de febrero de 2001. Serie C No. 72, párr. 106

[4] Corte IDH. Caso Lori Berenson Mejía Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de noviembre de 2004. Serie C No. 119, Párrafo 101

[5] http://www.derecholaboral.info/2013/03/suplementariedad-y-complementariedad.html

[6] Guía de Introducción a la Prevención de la Reincidencia y la Reintegración Social de Delincuentes de la OFICINA DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA DROGA Y EL DELITO (ONUDD), abril de 2013 para la publicación en español.

[7] Ibídem.

[8] Ibídem.

[9] Ibídem.

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Elaborado por: Editorial Conciencia de Clase.

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