¿Qué encubren las diferentes interpretaciones de los distintos funcionarios de la administración gubernamental central cuando se expresan públicamente?, ¿qué relación se encuentra en las lecturas de quienes dirigen los planes a estructurar en las distintas carteras ministeriales del Estado con las consecuencias objetivas en la vida social?, ¿son sencillamente expresiones de una corriente de opinión público-política del pensamiento que se lidera desde la totalidad de la administración gubernamental sin incidencias inmediatas en el todo social?

Los anteriores cuestionamientos emergen a partir de las reflexiones crítico-analíticas de declaraciones expresadas por distintos funcionarios actuales, entre ellos el titular del Ministro de Justicia y Seguridad Pública en ocasión del lanzamiento del Plan El Salvador Seguro en Ciudad Delgado, San Salvador, el pasado jueves 16 de junio (Verdad Digital, 16 de julio) y a la vez en anteriores oportunidades.

Durante el lanzamiento de la nueva estrategia de seguridad, Benito Lara consideraba ofensivo que se le brinde más credibilidad a la emergencia pública de una carta firmada por líderes pandilleriles para interpretar la disminución de la cifra de muertes violentas en el país (La Prensa Gráfica, 16 de julio). La misiva en cuestión, que de ninguna forma apareció sin atender las circunstancias socio-políticas de actualidad, fue subestimada tácitamente por Lara quien debió sentirse incomodado a que se esté consolidando la percepción pública en los sistema mediáticos de comunicación e información que antes de la eficacia y eficiencia del trabajo de la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada, los números de homicidios al alza se desploman súbitamente por directrices provenientes de las altas esferas pandilleriles. No solamente el año 2012 en que fue suscrita la tregua entre pandillas cuando se vino abajo la incidencia de homicidios, pero también el 23 de enero del año 2015, Roberto Valencia y Carlos Martínez sostenían que se vivía un déja vu para asimilar la reducción del promedio de asesinatos de 14 a 4.6 diarios (El Faro).

Los enunciados de cualquier funcionario público deberían no concentrarse en la experiencia de indignación de cualquier interpretación que desde los espacios socio-mediáticos se construyan pues a falta de argumentaciones sólidas para explicitar retóricamente un evento de interés público [como la reducción de homicidios], la capacidad y eficiencia de los planes tanto del funcionario electo como de la administración gubernamental para dirigir adecuadamente el despliegue de la racionalidad del quehacer administrativo-gobernante, desvelan la fragilidad del hilo del cual penden y del garrafal sino de nuestra vida social.

En otras oportunidades, Lara se ha referido al incremento exuberante de homicidios cometidos en el país a la eficacia de las acciones policiales y militares en contra de la delincuencia (Diario1, 4 de julio). También Eugenio Chicas ha insinuado que las reacciones violentas de las pandillas obedecen al rumbo correcto de los planes de seguridad estatal (El Diario de Hoy, 5 de junio). El lunes 27 de julio ha habido un paro de transporte a causa del acoso de las pandillas (La Prensa Gráfica, 27 de julio) para lo cual el líder efemelenista Medardo González aprovechó la oportunidad para conciliar tal fenómeno con los supuestos planes de desestabilización hacia la concreción del golpe de Estado (La Página, 27 de julio) que según el FMLN se afirma en cualquier acción que limite los esfuerzos de gobernación del quinquenio liderado por Salvador Sánchez Cerén.

La racionalidad de la estructura de los enunciados de las voces de los funcionarios del gobierno central actual se sostiene en ubicar en el imaginario consciente colectivo que la absoluta eficacia de todos los planes de seguridad de la administración se acorralan de expresiones golpistas, desestabilizadoras y responsables de la voluntad del peor destino inmediato. Con tales orientaciones explicativas, los funcionarios del turno actual encubren una realidad abominable que no parece inquietar a acciones colectivas de queja, hartazgo e indignación: una infame proyección retórica de legitimidad gubernamental a través de explicitaciones ficticias de la inestable marea de muertes violentas y la imposibilidad de hacer funcionar el aparato gubernamental a enfrentar adecuadamente las problemáticas inherentes del sistema socio-vital salvadoreño.

Referencias:

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Elaborado por: Ricardo Paniagua. Profesional Docente e Investigador, Teórico Social, Traductor Salvadoreño.

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