La provisión privada de servicios educativos en el país, principalmente los de educación superior, ha sido alentada por razones históricas, condicionantes internacionales y por los planes de gobiernos neoliberales.

La introducción estatal de la educación superior, que podría parecer un avance respecto del origen papal y real de las universidades en la región no significó una naturaleza liberal o utilitarista de la misma, por mucho tiempo reprodujo el pensamiento conservador impregnando una aversión al trabajo manual.

Prueba de ello es que la agronomía se consideró mucho tiempo indigna de una universidad, la formación de ingenieros por la misma tarda cerca de cuarenta años y más de un siglo para fundar la facultad de agronomía; en un país condicionado desde su formación a sobrevivir de su agricultura.

La modernización estatal de los gobiernos militares y las influencias de la reforma de Córdoba alentaron el desarrollo de la Universidad de El Salvador (UES) partiendo de la dotación de un campus central y el logro constitucional de su autonomía en el S. XX. Denotando avances en producción científica mediante la fundación del Instituto Tropical de Investigaciones Científicas; la proyección regional con la instauración de la Confederación Universitaria Centroamericana José Simeón Cañas; la reforma universitaria de 1962 reflejada en la creación de nuevas carreras balanceadas para el desarrollo nacional, democratización de los servicios universitarios y mejora de la calidad educativa.

Acciones derivadas como el cuestionado tratado de cooperación de la UES con la Universidad de Lomonosov de la ex Unión Soviética en 1964, provocaron la reacción estatal que bajo campañas mediáticas acusaron a la UES de ser un nido de comunistas con el objetivo claro de frenar la gestación de una cultura democrática desde ésta, rompiendo en 1965 el monopolio estatal de la educación superior mediante la Ley de Universidades Privadas creando el mismo año la Universidad Centroamericana; posteriormente se crearon cuatro institutos tecnológicos públicos mediante la reforma de 1968 para tener una educación superior ad hoc al proceso industrialización liviana y sin mayor contrapeso ideológico.

El traslado de las preocupaciones geopolíticas de la guerra fría a la apertura de universidades privadas ocurrió bajo la sombra de la Revolución Cubana, a partir de la cual Estados Unidos fortalece su influencia en la región. A medida que las condiciones salvadoreñas agudizaban los conflictos sociales, también las relaciones del estado con la UES se volvían más combativas. La serie de ataques, intervenciones y cierres que desde 1970 hasta el fin de la guerra civil sufrió la UES  provocaron su deterioro y el crecimiento desproporcionado de las Instituciones de Educación Superior (IES) privadas mediante una ley laxa.

La guerra civil condicionó una gestión estatal contrainsurgente y retrasó el impulso neoliberal, sin embargo parte de la ayuda de la Agencia Internacional de Desarrollo (AID) en el período que había sido destinada a la estabilidad social (mediante la reforma estructural de la banca, las exportaciones y la reforma agraria) fue destinada a la educación privada, específicamente con el financiamiento de la creación de la gremial Fundación Empresarial para el Desarrollo Educativo (FEPADE) por 165 millones de colones.

A la década de 1990 El Salvador contaba con 40 universidades, 78 institutos profesionales y 171 centros de formación técnica todos privados, captando el 30% de la matrícula de educación técnica y el 65% de la matrícula universitaria.

Las condicionantes externas subsecuentes son diversas, por un lado la liberación de la educación superior como un servicio a prestarse por privados, por otro lado la financiación y planeación educativa desde las Instituciones Financieras Internacionales (IFI) y últimamente las modalidades de cooperación vinculantes.

La educación superior se incluyó en la lista de servicios de comercialización internacional impuesta por el Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (ACGS) de la Organización Mundial del Comercio (OMC) en 1995; con la lógica de que todo servicio que sea brindado por algún privado y por ende no que sea monopolio del Estado puede ser objeto de explotación comercial, dicha liberación se funda en los principios de trato nacional y nación más favorecida (para no discriminar entre países ni entre firmas nacionales y extranjeras).

La libertad de fundación privada y actuación nacional de IES nacionales o extranjeras producto de la liberación comercial continuó profundizándose mediante Tratados Internacionales de mayor impacto en términos de comercio e inversión, sin considerar las implicaciones jurídicas de derechos, como los Tratados de Libre Comercio con Estados Unidos y con la Unión Europea.

La introducción de las IFI en la conducción de la educación no sólo condicionó prestamos sino que alentó la lógica privatizadora y descentralizadora promovida en la economía nacional; a partir de 1990 el Banco Mundial (BM) se introdujo de lleno en la formulación y financiación de EDUCO (Educación con participación de la comunidad), también el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) procuró ingresar como financista y director del proceso de modernización de la UES, un préstamo rechazado a mediados de la década del 2000.

La cooperación internacional que ya había aportado su visión desde la década de 1980 con la AID y la creación de FEPADE continuó con proyectos educativos, muchos de los cuales han sido derivados de programas de ayuda económica.

En el Asocio para el Crecimiento entre EUA y ESA en 2011 se condicionó la creación de la ley de los Asocio Público Privados (APP), luego de una leve oposición estudiantil de la UES en dicha ley se excluyó a tal institución educativa, sin embargo uno de los compromisos del gobierno salvadoreño es promover mediante asocios público privados la investigación y desarrollo desde las IES, compromiso efectuado mediante el programa para una Educación Superior Productiva impulsado por la AID en 2014, que destinará fondos a la IES que proponga un mayor potencial de investigación y desarrollo para las empresas de un sector económico considerado específico.

En el Acuerdo de Asociación con la Unión Europea, ratificado en 2013, el componente de cooperación financia una estrategia homologante del modelo educativo de las IES públicas (sin considerar las particularidades de los países) mediante su proyecto Tuning América Latina, mismo que rige el proceso de reforma curricular de la UES.

Desde los planes de gobierno las orientaciones de las políticas públicas con criterios de mercado a partir del logro paulatino de los acuerdos de paz se corresponden con las influencias externas y los antecedentes educativos,  y se evidencian en tres procesos; de descentralización, de focalización y de evaluación.

La descentralización, iniciada con la ruptura del monopolio público de la educación superior, sostenida mediante el ataque a la burocratización que considera la gestión privada más eficiente, sin considerar la descentralización como una democratización de la educación superior por región y estrato social.

La focalización que ha sido la receta básica de la estabilización económica y la acción de impacto más inmediato (y la más cuestionada socialmente) se ha expresado con la concesión de los Institutos Tecnológicos creados en la Reforma Béneke de 1968 a FEPADE y otros; asimismo la red MEGATEC (Modelo Educativo Gradual Técnico y Tecnológico) concesionada incluso antes de su puesta en operación, todas por decreto ejecutivo sin necesidad de un instrumento legal como la Ley APP y sin mayor oposición social; se ha congelado el financiamiento a la UES a pesar de que absorbe el mayor porcentaje de alumnos de educación superior y últimamente se promueve la creación de APP’s para las necesidades de innovación empresarial.

El temor de que se privatizara o concesionara la UES provocó una inadvertencia del fenómeno neoliberal; la inversión pública en educación tecnológica se cedió al sector privado de la educación sin garantizar el acceso popular y se alentó el mercado financiero con los créditos estudiantiles creando una línea de segundo piso para que los bancos en el país los otorguen sin mayor control.

Desde la década de 1990 hasta el 2015 más del 90% de las IES son privadas y también concesionadas, de las IES públicas unas son monopolizadas por la seguridad, por la defensa y relaciones exteriores quedando la UES como la única IES que trata de oxigenar el acceso popular.

Los procesos evaluativos que buscaron la calidad mediante la generalización de las evaluaciones a nivel estudiantil, docente e institucional han sido parte de la estrategia que centraliza el aspecto normativo de la educación en comisiones integradas con afán de superar la ineficiencia estatal y buscar la calidad con el nuevo modelo educativo.

Tras haber configurado el sistema normativo en el Plan Decenal  con la nueva Ley de Educación Superior y los sub sistemas de calificación, evaluación y acreditación de las IES, se avanzó en la estrategia de instaurar el modelo de educación por competencias, la educación permanente, que profesa resolver el desempleo culpando la falta de educación; operativamente fue el mecanismo legal para frenar el desproporcionado crecimiento de IES privadas que lejos de demostrar mayor eficiencia en la gestión, mejor productividad, mayores recursos para invertir y mejor calidad educativa habían degenerado la formación superior y funcionaban como “ascensores sociales” en instalaciones inadecuadas y con mínimos montos destinados a investigación científica.

Las tres causas, históricas, externas e internas antes descritas se han armonizado en las siguientes condiciones:

El histórico antagonismo de la educación superior con los gobiernos, expresado en un desfase de la  academia conservadora ante gobiernos liberales; en un freno de la academia incidente y democrática contra gobiernos militares y represivos; de la academia pública actual frente a gobiernos y su lógica de mercado.

Las condicionantes de la cooperación y financiamiento internacionales, han configurado un camino lógico que armoniza la necesidad global de expansión del capital, no sólo a los países, también a las conquistas sociales de éstos, como a la educación, llevándose de encuentro las garantías jurídicas de los derechos humanos.

La gestión neoliberal, primero bajo la lógica de minimizar costos y maximizar beneficios, cuyo resultado es la baja en inversión educativa que ata a la educación pública a buscar medios de autofinanciación, provoca baja cobertura y calidad educativa; realza la gestión privada y promueve sus servicios, no porque éstos muestren mejores resultados (discusión aparte) sino porque descarga en las familias el costo educativo y promueve nichos de mercado inéditos (la educación misma, la provisión de servicios conexos, los créditos educativos y demás). En segundo lugar el modelo global de la educación por competencias, entendiendo por competencias los saberes que armonizan la demanda laboral con la currícula educativa, que deben ser flexibles para adaptarse a las nuevas necesidad económicas, por lo tanto debe ser una educación permanente que alienta a consumir mayor cantidad de productos educativos con objeto de lograr un empleo.

Dichas condiciones reproducen una educación superior predominantemente privada, que ha recurrido a concesiones sobre todo de la inversión educativa técnica y tecnológica, que frena el acceso popular aplicando una política en apariencia de racionalidad económica:  “minimización-maximización”; que promueve un espejismo que culpa a las personas de no ser empleables por fallas o falta de educación y libera al modelo económico neoliberal de su dosis de responsabilidad, es decir, su baja inversión productiva y consecuente demanda laboral (flexibilización y desempleo).

Dicha situación demanda, sino un diálogo franco que descubra una educación capaz de converger con las necesidades planificadas de desarrollo nacional, una presión social organizada que rescate el derecho a la educación pública, gratuita y de calidad.

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Elaborado por: Editorial Conciencia de Clase.

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