Se concilia fácilmente los resultados de la idea de no dialogar con las pandillas puesto que en reiteradas ocasiones ha sido delimitado por el funcionario Eugenio Chicas quien ha descartado que el gobierno central implique en las estrategias de seguridad nacional dicha medida (ContraPunto, 21 de julio; El Periódico, 22 de julio); sin embargo, aún mayor es el entendimiento de dicho tajante rechazo en las consecuencias objetivas que han significado el flujo irregular del transporte colectivo, los homicidios contra transportistas de tal gremio laboral y, potencialmente, la marcha a un peor estadio de barbarie, en todo caso dúctil.

Óscar Gregorio Rosa Chávez no descartó, hace más de un mes, la idea de iniciar un diálogo con las pandillas de parte del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia con el objeto de disminuir el alza de homicidios (Diario CoLatino, 26 de junio). Un mes después, Rosa Chávez veía necesario dialogar con todos los sectores sociales, incluidos los pandilleros mismos para ‘tratar de salvar al país’ (Voces, 20 de julio). Roberto Valencia también ha dejado entrever esta postura de apertura a la idea de diálogo de parte de Rosa Chávez cuando explicó, el obispo auxiliar, que cualquier conversación con tales grupos debería lograrse ‘una conversión, un cambio de actitud’ (El Faro, 1 de febrero). Ubicar la reflexión crítica sobre los dos cuestionamientos siguientes tienen como objeto las líneas de este ensayo de opinión: ¿qué otros signos de barbarie se producirían con la aberración de la opción de iniciar procesos de diálogo con las estructuras pandilleriles salvadoreñas? ¿Qué metodología debería orientar la idea de los programas de tales diálogos?

La función en todo caso de tales encuentros bilaterales (pandillas y Estado) debería destinarse esencialmente a la negación de todas las expresiones ilegales de violencia y disminución de la plenitud del goce de los derechos humanos y constitucionales de los ciudadanos. Para ello, los procesos de intercambio de mensajes entre las autoridades y las entidades líderes de las estructuras pandilleriles deben acoplarse a una metodología funcional, competente y disciplinada, así mismo no debe obviarse que la apertura al diálogo como tal debe ser eminentemente transparente y a la vez orientador para que tanto los sistemas mediáticos como los colectivos del país perciban la acción comunicativa en cuestión como un extenso proceso, que si bien podría presentar complicaciones, el objetivo fundamental es asegurar un clima de seguridad más bien favorable en comparación al que afecta al todo social en la actualidad.

La medida resulta viable a pesar del resquemor que degenera en la consciencia colectiva el rechazo a cualquier insinuación de tratar el tema de lo pandilleril por otras vías distintas a lo que no implica su eliminación. La necesidad de conllevar relaciones públicas efectivas, eficientes y constantes con respecto al proceso de diálogo, en el corto plazo, podría inclusive ser de provecho para la imagen del quehacer de la administración central. Todo depende de manejar y gestionar productos informativos y comunicacionales de forma simplificada, abierta y teniendo como fundamento central el bienestar común.

Aprovecharse debe que la exigencia del proceso de diálogo con las pandillas resultaría consecuente a un código de ética y normas mínimas de proceder. Lo esencial en todo caso sería el cese inmediato de enfrentamientos pandilleriles entre sí y contra las fuerzas policiales y militares en un tiempo determinado (12, 24 o 36 meses), partiendo de que la racionalidad de los diálogos no debe retroceder o minimizarse ni tampoco desorientarse de tácitos objetivos bien delimitados así como planes, acciones y resultados. Mientras acaece el tiempo en el cual los homicidios conllevados por grupos pandilleriles se apacigüe, se abre la oportunidad a la implementación paralela de otras políticas públicas (como el Plan El Salvador Seguro) para alcanzar un grado deseable de seguridad nacional y credibilidad de la hasta ahora invisible eficacia gubernamental.

Al lograrse el cese al fuego, deben estudiarse detenidamente las distintas peticiones de la jerarquía pandilleril distinguiendo plazos con perceptibles resultados. Probablemente para algunos sectores inflexibles al diálogo teman de que se concreticen solicitudes de naturaleza ilícita, mas la normativa de tales diálogos debe fundamentarse en que nada de lo discutido debe superar lo legal sino guiarse por ello. Lo alcanzable pues respondería a aquello que no se obstruye por el conjunto de normas que regulan la vida jurídica de todas las entidades del Estado y la vida social como tal. La voluntad de mantener firmes los diálogos debe entonces primar para estimular la idea de que sí es plausible obtener resultados satisfactorios independientemente de las adversidades que podrían aparecer.

Detallarse debe en cómo podrían orientarse los procesos de diálogo bilaterales a lo largo del tiempo para evitar situaciones de inestabilidad social. Resulta innegable pues que debe lograrse una mecánica que impida relativizar la función utilitarista del proceso [de diálogos] consignando avances y resultados del inmediato plazo, así como evaluando acciones y planes, además explicitando los climas de opinión [de]generados pero sobre todo persuadiéndose al éxito de tales planes inter-comunicativos.

En los procesos de conversaciones, el ente pandilleril debe entender la importancia de su presencia además de encontrar un trato igualitario, ético, digno y esperanzador. La entidad pandilleril no debe ser burlada para la obtención del firme compromiso de estos. Jamás debe pensarse que el diálogo está sostenido en una frágil cuerda de transición.

El diálogo Estado-pandillas debe cumplir dos funciones explícitas: (a) permitir una oportunidad de invalidar el sistema de violencia en los lugares más propicios a través de la aplicación de políticas públicas de inclusión, trabajo decente, talleres de inculcación de competencias laborales con un enfoque notorio de paz y género; (b) comprender que los miembros líderes pandilleriles podrían, en una etapa determinada, marginalizarse por completo de dicha condición de supremacía y condicionarse a una vida común de sociedad si paulatinamente dejan de contar con un cuerpo militante resignado a una ciega obediencia sabiendo que existen auténticas condiciones de proyectar un nuevo plan de vida.

En suma, la racionalidad instrumental del programa de diálogos con las facciones pandilleriles que guían el cuerpo de acciones ilegales y desestabilizadoras serviría de negación de las falaces insinuaciones golpistas que neciamente la administración gubernamental utiliza para percibirse victimizada y por tanto aspiran al amparo público; a la vez funcionaría, dicho proyecto de conversaciones, para facilitar la implementación de cualquier medida de intervención pacífica para destinar la narrativa gubernamental del ‘Buen Vivir’ en aquellos colectivos sociales donde lo pandilleril supedita los proyectos de vida de niños, niñas y adolescentes. Pero cualquier esfuerzo de diálogo está siendo obviado en la realidad nacional por el empuje obstinado del siguiente conflicto armado interno.

Referencias:

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Elaborado por: Ricardo Paniagua. Profesional Docente e Investigador, Teórico Social, Traductor Salvadoreño.

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