I

Javier Valdéz, estudiante universitario, reaccionó al ensayo de opinión ‘La alternativa a dialogar con las pandillas’ (publicado recientemente en concienciadeclasesv.wordpress.com) escribiendo ‘Una alternativa a la alternativa a dialogar con las pandillas’ (3 de agosto). Valdéz no encuentra prudente el esquema planteado en las no más de 1200 palabras del artículo de opinión para el cual emite una postura que abre el debate sobre una de las problemáticas que más debería interesar a los diferentes colectivos del país y, creo, especialmente a nosotros que siendo jóvenes lidiaremos aún más con los resultados del fenómeno social en cuestión obviado prácticamente por el sistema socio-político actual.

‘(…) [M]ás bien el estado o la población organizada debe someter el accionar violento de las pandillas’ es un enunciado que se desprende de la sugerencia de Valdéz para invalidar la tesis que lo enfrenta a la alternativa de emprender un programa de diálogos. Su recomendación encuentra una debilidad inmediata en la ausencia evidenciable de una población tácita y verdaderamente organizada como para delimitar que sea viable que ésta sea la que conlleve un punto de encuentro de diálogo con las pandillas; necesariamente deben ser pues los funcionarios delegados en las distintas carteras estatales, o inclusive las distintas organizaciones eclesiales del país, además de cualquier otra entidad que brinde apoyo en cualquier forma posible las que establezcan de forma racional, planificada y transparente el proceso bilateral comunicativo. No negaré tampoco que es realmente complejo afirmar si el programa de diálogos [que cualquier sujeto social o institución logre plantear] que podría emprenderse con las jerarquías pandilleriles tenga de ellas una real y satisfactoria respuesta, pues como ha aclarado Roberto Valencia, con el reciente paro al transporte público, las pandillas no buscaban en sí dialogar con las autoridades estatales en un primer orden (El Faro, 31 de julio).

En el primer párrafo de Valdéz, se acierta prácticamente cuando sugiere que es a través de la violencia cómo se debe enfrentar el problema de las pandillas si se contrasta no solo con los enunciados de los funcionarios públicos de esta administración sino las acciones; el viernes por ejemplo, el presidente en funciones, Óscar Ortiz, refirió que continuarían los planes de seguridad de persecución de las estructuras pandilleriles, con el objeto de desarmarlas y desarticularlas a fin de evitar de que armen marcos de inestabilidad en el país (La Prensa Gráfica, 2 de agosto), además hace no muchos meses, Salvador Sánchez Cerén, notablemente satisfecho, le atribuía a la Policía Nacional Civil un 30% de homicidios del mes más violento del presente siglo (El Faro, 15 de abril). Carlos Martínez y Sergio Arauz escribían el 20 de abril que ‘el gobierno ha decidido mantenerse en su estrategia de mano dura contra las pandillas: involucramiento de batallones élite del ejército; nuevos episodios en los grupos enteros de pandilleros mueren en supuestos enfrentamientos con autoridades; traslados masivos de las cúpulas de estas estructuras y un posible as bajo la manga: extradiciones (El Faro).’

Objeto que si bien las pandillas han debido evolucionar a lo largo de la historia reciente inmediata después de los Acuerdos de Paz, no solamente a razón de las precarias condiciones de vida marginal sino por las distintas políticas ‘manoduristas’ practicadas por gobiernos anteriores de ARENA, representan una problemática de orden social que se fortalece a medida que transcurre el tiempo y los partidos en el gobierno se turnan manteniendo políticas que dan la espalda a este complejo fenómeno. Ello significa sino plantearse dos caminos que se han visualizado en los planes de seguridad gubernamentales de los años recientes: enfrentarlas de forma represiva aceptando las peligrosas consecuencias para el todo social (muertes de policías, militares, ‘sabotajes’ al transporte público, explosión de artefactos de guerra, quema de unidades de transporte, amenazas, etc.) o iniciar un proceso de diálogos bilaterales que superen la racionalidad que supuso la tregua bajo la administración de Mauricio Funes aprovechándose de todas las políticas públicas que podrían plantearse para evitar que esta problemática de orden social se acreciente más y más evitando el camino hacia la ponderación del siguiente conflicto armado.

El filósofo Karl R. Popper (2002) ya ha descrito lo falaz de una de las ‘leyes’ que se maneja en los párrafos de Valdéz. Esa de que la interpenetración de los opuestos produce contradicciones. Mas para operar específicamente con el enunciado establecido por Valdéz, nada resulta prudente como para falsear la tesis de que a través de la implementación de una racionalidad instrumental planteada objetivamente en un programa de diálogos estatal-pandilleril, la historia no evolucione y por tanto el todo social se estatice sin dar un paso más en esa conjunción comunicativa. En sentido alguno es despreciable la idea de que las pandillas en El Salvador evidencian una organización de dominio territorial y afectación a la psique del grueso colectivo de salvadoreños que conviven de [relativamente] cerca con estas (como refiere Valdéz); con el paro al transporte público ello se puso en evidencia.

De las líneas de Valdéz, deben rescatarse los testimonios que a pesar de no resultar nada novedosos, son funcionales en todo caso para delimitar que una parte considerable de las organizaciones pandilleriles podría ser objeto de persuasión para invalidar la continuación del modo de vida pandilleril de paupérrimas condiciones objetivas. María Santacruz Giralt y Alberto Concha-Eastman (2001) han delimitado, de todas formas, las condiciones psico-sociales para sugerir probabilidades de abandono de las prácticas pandilleriles que en sí no resulta verdaderamente sencillo de lograrse. Los procesos de diálogos pues deben manifestar que en un largo plazo, la identidad pandilleril que prima y seduce en las comunidades marginales por su prestigio social (PNUD, 2013) se vea remplazada por otro modelo de proyecto de vida.

En el abordaje de la temática de solucionar la problemática pandilleril, Valdéz se enfoca desde una determinada tendencia materialista dialéctica absolutamente válida para la discusión académico-filosófica. Este ensayo de opinión cuenta también por objeto sugerir que el programa de diálogos a proponer, debe emerger entendiendo el fenómeno pandilleril como:

  • Un fenómeno objeto a modificación a partir de la forma en cómo los políticos, ideólogos y teóricos sociales se alleguen a este estudiándolo, interpretándolo y expresándolo.
  • Ineludiblemente objetivado a la comprensión absoluta de la racionalidad pandilleril tendiente a ser objeto de manipulación por una fuerza racional-tecnocrática sistematizada en un programa de diálogos.
  • La adecuación de dicho programa de diálogos a una racionalidad instrumental ideada técnica y científicamente pero a la vez funcional y en coherencia con una estructuración de políticas públicas inherentes a unificar un ideal de solución del problema pandilleril urgente en la agenda del Estado salvadoreño.
  • Toda acción emergente del diálogo estatal-pandilleril debe ser esencialmente una acción comunicativa. La falaz conjetura de todo aquello que tenga lugar dentro de las conversaciones bilaterales debe resultar inoperante frente al sistema eficiente, inmediato y tecnocrático de relaciones públicas.

II

Con una de las más recientes investigaciones de El Faro, se ha logrado aproximar a los usos finales de todo el capital recolectado por las pandillas para lo cual pragmáticamente Valdéz da cuenta también de ello. Efren Lemus sostendría pues el 24 de mayo que “la pandilla invierte el dinero en armas cuando huele ambiente de guerra, celulares, zapatos, vehículos, kilos de cocaína y pequeños negocios lícitos. Con el dinero también se pagan honorarios de abogados, donaciones a madres o esposas y hasta se montan pequeñas despensas donde se venden pañales desechables Huggies (El Faro)”. Una de las dificultades de superior notabilidad para el establecimiento del programa de diálogos es todo lo relacionado a los medios de subsistencia y estilos de vida que pueden estructurarse de forma subyacente con el encuentro estatal-pandilleril. El ‘verticalismo’ que señala Valdéz para evidenciar la desigualdad en el flujo de los activos generados por la extorsión podría resultar ventajoso para la formulación de la estrategia de diálogo pues aquellos que se encuentran en lo más bajo, y que en todo caso podría representar el porcentaje más grueso, tenderían a situarse como una debilidad para la estructura de las pandillas si el Estado a cambio fortalece socio-económicamente con medidas acertadas de bienestar en ningún sentido improvisadas. En todo caso, la esencialidad del programa de diálogos con las pandillas debe obedecer al objetivo de entender toda la estructura pandilleril como tal en cada una de las expresiones de su jerarquía.

Por otra parte, objeto que es inviable asimilar la renuncia del cabecilla pandilleril a la condición de obtención de bienes y activos por el delito de la extorsión (u otras fuentes legales o ilegales) por la renuncia del ‘capitalista’ de privilegios económicos abrumadoramente superiores a los que permiten los resultados de la extorsión pandilleril. Atendemos desde enriquecedores enfoques epistemológicos evidentemente diferentes para hipotetizar complejos fenómenos de la realidad inmediata que subyugan la voluntad popular. El enunciado de sumir los procesos de diálogo con las pandillas esencialmente a la negación de cada una de las expresiones ilegales de violencia y disminución del goce de la totalidad de los derechos humanos y constitucionales emerge partiendo de los intentos que desfallecieron bajo la administración gubernamental anterior en la cual el proceso de la ‘tregua’ sucumbió por la desafortunada fragilidad con que fue lograda. Ese enunciado en cuestión funge como uno de los ejes centrales para la decisión del establecimiento del programa de diálogos con las pandillas. Por supuesto se expresa partiendo de la experiencia fallida anterior de diálogo que según Mauricio Funes reiteró el gobierno nada más la facilitaba. ¿Acaso los procesos de diálogo no deberían tener como objetivos específicos la debilidad de la identidad que refuerza la ideología pandilleril apostándole estratégicamente a la construcción de otras facetas socio-culturales? A mi juicio, el ideario del empresario que comercializa en las posibilidades de la economía de mercado no puede estrictamente compararse con aquellos elementos socio-culturales que definen los elementos identitarios del ser-pandillero, por ende la racionalidad del diálogo debe encaminarse al entendimiento de la totalidad del ente pandilleril y la relación del mismo dentro del libre mercado.

El ensayo de opinión que propone al público lector de Conciencia de Clase y ContraPunto (ya que fue publicado también en dicho medio con el titular ¿Cómo dialogar con las pandillas? [30 de julio]) no alcanza sino una idea de lo que debe discutirse desvelando los resultados primarios de un proceso de formulación textual aun (hay consciencia pues del límite que ello representa al no estar elaborado en su totalidad, pero a la vez sugiere nuevos insumos en su constitución filosófica). Por ello, acertadamente Valdéz refiere que la transformación de las condiciones objetivas de los jóvenes que se ven empujados a la opción del proyecto de vida pandilleril debe mejorar en todo sentido, precisamente un programa de diálogos debe necesariamente suponer tal objetivo en la esencialidad de su racionalidad pues de otra forma la aplicación de medidas de represión que conlleven a la comisión de excesivos abusos de las fuerzas de orden estatal indican la potencialidad de ejecuciones sumarias y montajes en las escenas de muertes (El Faro, 2 de julio; El Faro, 22 de julio).

Hacia el final del artículo en referencia, Valdéz se pregunta por el ‘factor explosivo’ que conlleve a las masas a la acción colectiva. Recientemente fue publicado un título que refiere tesis importantes para dar cuenta con el cuestionamiento que se efectúa el futuro economista. Alexander Segovia (2015) sugiere que con la firma de los Acuerdos de Paz, las organizaciones sociales perdieron el rumbo que durante el pasado conflicto armado les suponía las alianzas estratégicas con el ex guerrillero FMLN. Al no pasar de ser sino instrumentos de campañas electorales para los partidos políticos, la visión del bien común de la totalidad de la sociedad continuará adormitando el ‘factor explosivo’ que recientemente se ha intentado hacer estallar con la exigencia de una comisión internacional contra la impunidad en el país que por cierto ha sido descartada por el oficialismo en distintas ocasiones (ContraPunto, 14 de julio).

En la medida que el ideal suponga que la clase trabajadora sea la que tome el poder del Estado, la solución ofrecida por Valdéz descansa en lo etéreo pues la delegación del poder público se sostiene sobre una entidad ajena a la totalidad de la voluntad colectiva que aunque muchas veces proviene no solamente de su seno sino que se expresa como una fuerza que se identifica con los valores socio-culturales de la misma, se destina a la perpetuación del sistema político como tal pues la condición colectiva socio-humana tendiente a una ‘dictadura del proletariado’, especialmente la salvadoreña (cuyo promedio nacional de escolaridad no supera el 6.4° grados [DIGESTIC, 2012]), no es la más competente (en el sentido de Martha Nussbaum) para la conducción del bienestar común. De otra forma, nos sentiríamos acomodados y fiados de nuestra seguridad en los sujetos sociales encargados del transporte público, de la higiene de los mercados, de la seguridad y orden policial, del burócrata público (especialmente debe subrayarse ese que opera en los hospitales públicos o la Universidad de El Salvador), del funcionamiento, sagacidad y benevolencia del sistema de salud y educativo, etc. Atender un fenómeno desde enfoques filosóficos evidentemente adversos para hipotetizar fenómenos etéreos de la realidad inmediata no resulta un ejercicio inútil sino propicio de las universidades, los académico-intelectuales y los distintos medios de comunicación que abren el debate a la esfera pública.

Referencias:

11102891_10152681410756576_4852192631504498060_n

Elaborado por: Ricardo Paniagua. Profesional Docente e Investigador, Teórico Social, Traductor Salvadoreño.

Anuncios